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Proyecto de trasvase nacional ¿Estamos listos para tomar una decisión?

Actualizado: 1 de dic de 2019

La megasequía de nuestro país se contrapone al objetivo de convertirse en potencia agroalimentaria, pues parte de las zonas cultivadas, y potencialmente cultivables, se ven, y se verán en un futuro no tan lejano afectadas por este fenómeno. En este contexto, la desigual disponibilidad del recursos hídrico en nuestro país ha constituido una oportunidad para algunos sectores y actores, los cuales plantean como solución el traslado de agua desde cuencas con mayor disponibilidad física a las cuencas con menor disponibilidad física.


En este escenario, hemos conocido proyectos privados de trasvase de cuencas, denominados de manera genérica como “carretera hídrica”, que buscan trasladar agua desde las cuencas de las Regiones de Biobío, Maule y O’Higgins a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Estos proyecto de grandes dimensiones ya han ingresado a la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas solicitando su declaración de “interés público”.


Los proyectos de trasvase se basan en el supuesto de disponibilidad hídrica en las cuencas del sur del país, sustentado en la visualización de caudales corrientes a lo largo de la cuenca y de caudales en la desembocadura de estas. Sin embargo, estos caudales “disponibles” o visibles en el cauce pueden responder a diversos motivos, como por ejemplo, a derechos o fracciones de estos que no se encuentran en uso, a caudales normales que deben escurrir en cuencas no sobreotorgadas dada la forma de otorgamiento de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA), entre otros.

Bajo este escenario surgen una serie de preguntas: ¿estamos listos como país para tomar una decisión respecto a trasvases de grandes dimensiones? ¿qué implica tomar una decisión de este tipo? ¿sabemos que riesgos se están corriendo?


En primera instancia debemos reconocer que toda decisión tiene asociado un nivel de riesgo, que es asumido por el responsable de la decisión y por los actores involucrados, directa o indirectamente. Por lo tanto, ante una eventual intervención de esta magnitud, estos riesgos debieran, idealmente, ser conocidos y aceptados por todas las personas involucradas, es decir, los actores de las cuencas que ceden recursos hídricos, empresarios agrícolas inversores en las cuencas de destino, las mismas empresas que gestionarán las transferencias de caudal y actores externos al proyecto que podrían recibir sus externalidades.


Otros elementos que creemos se debieran conocer para aproximarse al riesgo son los DAA por regularizar, proyecciones de demanda futura y disponibilidad en las cuencas que cederían agua, considerando los efectos del cambio climático, otros usos de agua, el efecto sobre los ecosistemas, demandas asociadas a la dilución de contaminantes, flujos de materiales en la cuenca y la desembocadura, relación aguas superficiales - aguas subterráneas, por nombrar algunos. Si no contamos con esta información aún (y tampoco sabemos si la tendremos), ¿cómo podríamos tomar esta decisión sin siquiera saber cuáles serán los efectos de una carretera hídrica?, ¿tenemos claridad respecto a los riesgos asociados al suministro de agua potable?, ¿existe riesgo de afectar a otros usuarios de agua, u otros usos, como la pesca, los ecosistemas, el turismo, actividades tradicionales? Con la información disponible no es posible asegurar la no afectación de usos de agua, los intereses de otros usuarios, menos aún los usos no reconocidos en la legislación, en términos concretos, no conocemos el riesgo y a su vez, se están invisibilizando relaciones del sistema cuenca y externalidades.


Más aún, la información oficial proveniente del Catastro Público de Aguas, presenta un error desconocido y diferente en cada región y cuenca del país. Entonces, si tampoco conocemos ese error estaríamos tomando una decisión en incertidumbre. En palabras simples, no sabemos qué está pasando ni qué pasará. Si como país vamos a tomar decisiones que involucran tanto esfuerzo público y privado, y altas posibilidades de que las cosas puedan no salir tan bien o, al menos, no como se está pensando que van a salir, debiéramos tener una idea del riesgo que vamos a correr y quienes lo van a correr, conocerlo, cuantificarlo y decidir si queremos correrlo. La idea detrás de esta reflexión no es evitar tomar decisiones sino más bien comprender el contexto sobre el cual se están tomando. Exigir la necesidad de conocer el riesgo de las decisiones, darle la importancia que corresponde, tomar resguardos y actuar con precaución, incorporar todos los componentes del sistema que se verán afectados, tanto positiva como negativamente, y en último caso, sincerar que no se conocen todas las implicancias que esto tiene. Por otro lado, es muy relevante ser conscientes y críticos del tipo de desarrollo que se está impulsando y reforzando en nuestro país, tan cuestionado en estas últimas agitadas semanas del acontecer nacional.


El proyecto de “carretera hídrica” moviliza recursos en pos del “desarrollo económico” del país, sin embargo, se hay evidencias comprobado que sustentan el hecho que este modelo de desarrollo extractivista profundiza los problemas socioambientales vistos en, por ejemplo, la zona de Ligua y Petorca, en donde el afán de la exportación ha empobrecido a los territorios, generado grandes desigualdades en términos económicos y de acceso a los recursos naturales, todo esto en un escenario en donde la función del Estado está minimizada o ausente contribuyendo a acrecentar los niveles de injusticia.


El estudio desarrollado por el Laboratorio de Análisis Territorial para la evaluación de la factibilidad del proyecto de carretera hídrica no considera un proyecto en particular (trasvase por mar o por tierra), presenta una aproximación a los rangos de magnitud de demanda en el norte del país y disponibilidad hídrica en sur. Sin embargo, esta información presenta tres fuentes de incertidumbre de relevancia asociadas a la disponibilidad hídrica, asociadas al alcance, a los plazos y a los recursos para el desarrollo de este estudio. La primera de ellas son los DAA, la segunda son los cambios de disponibilidad consecuencia del Cambio Climático y la tercera las extracciones no contabilizadas (ilegales). En este estudio, la aproximación a la demanda comprometida en DAA para obtener el caudal remanente o sin uso productivo declarado fue el Catastro Público de Aguas el cual, como varios autores lo exponen, a pesar de ser la base de datos oficial de DAA, es insuficiente para tomar una decisión dado el nivel de incertidumbre y la imposibilidad de conocer el error asociado. Por otro lado, no consideró la proyección de la demanda hídrica futura en las cuencas que, eventualmente, cederían recursos hídricos, por lo que se desconoce la posibilidad de crecimiento en términos productivos y poblacionales. Sumado a esto la disponibilidad de recursos hídricos no considera los efectos del cambio climático, un factor importante en proyectos de largo plazo. De seguir adelante con estos proyectos, el Estado debe hacerse cargo de resolver estas incertidumbres.


No es factible esperar para tener información en calidad y cantidad adecuada (temporal y espacial) para tomar una decisión, tampoco se puede esperar tener el manejo completo del sistema a intervenir, pero sí podemos aspirar a estimar el error y las potenciales consecuencias ambientales, sociales y económicas del proyecto de trasvase. Junto con reconocer a los usuarios y usos del agua con y sin DAA que reciben los impactos. En este sentido, ¿qué información mínima deberíamos conocer para tomar una decisión de este tipo? ¿Quién establece este mínimo?


Finalmente, nos cuestionamos la equidad del proyecto de trasvase ¿A quiénes va a beneficiar (y a perjudicar) esta mega obra? ¿Por qué no impulsar la agricultura de secano del sur de país? ¿Por qué no invertir en infraestructura que potencie las regiones del sur? o yendo más allá, ¿porque no discutimos el reconocimiento de otros usos del agua que también aportan a la economía local, como el turismo? ¿Le queremos dar prioridad nacional a un proyecto que apunta a llevar los recursos a otro territorio en vez de utilizarlos en su cuenca de origen?, o impulsar un proyecto que apunte a aprovechar los recursos localmente, eso es inequitativo.


En caso de disminución de la disponibilidad en las cuencas que ceden recursos ¿quién asumirá el riesgo? ¿Los usuarios de la cuenca de origen, las empresas o agricultores que invierten en las cuencas de destino? ¿Qué tan repartido está ese riesgo? ¿Siquiera se consideran estos aspectos en los proyectos de carretera ya presentados?


Otro elemento a considerar es la vocación de los territorios, la autodeterminación y la descentralización. En este contexto, corresponde que las regiones, en este caso las cuencas del sur, definan qué hacer con sus recursos, lo cual sería concordante con el discurso político de descentralización instalado desde hace años, pero sin ninguna real evidencia de esto en los territorios. Luego, se da esta lógica centralista de denominar a las cuencas con potencial “disponibilidad” de recursos hídricos como cuencas excedentarias. ¿Son realmente cuencas “excedentarias”? ¿o serán cuencas con potencial desarrollo?


En definitiva, aún existen aspectos asociados a un proyecto de estas dimensiones que creemos no están siendo considerados en la discusión, y que, aún más grave, hasta ahora se están invisibilizando (cambio climático, relación agua superficial subterránea, caudales de dilución, etc). En este sentido pareciera ser que lo relevante en el ámbito político es dar una solución a un sector del país, al gremio agrícola del norte del país, y a una política pública (Chile potencia agroalimentaria), en lugar de potenciar el desarrollo local y regional y generar un crecimiento económico acorde a las posibilidades de cada territorio y con un enfoque de riesgos. Finalmente, debemos tener presente que frente a la incertidumbre actual, lo mejor y recomendable es actuar con precaución respecto a las decisiones que impactan sistema socioecológicos aún no estudiados a cabalidad.



Autores: Karla Astorga, Katherinne Silva y José Miguel Valdés

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